San José de Cúcuta, Norte de Santander, 24 de octubre de 2025 (@AlcaldiaCucuta) En las últimas horas, en la Avenida 0, entre calles 10 y 11, se registró una nueva agresión contra un agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad Municipal.

El hecho ocurrió cuando el funcionario le solicitó a un ciudadano el cumplimiento de las normas de tránsito, siendo atacado de manera violenta.

Sobre este caso ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, tras ser identificado el individuo. La identificación del implicado fue posible gracias a la publicación de un video y la colaboración de la ciudadanía, que proporcionó información sobre la identidad de la persona.

En los próximos días se informará a la ciudadanía sobre los detalles del caso y la denuncia interpuesta contra el agresor.

En el marco legal, de acuerdo con el Código Penal Colombiano, este tipo de conductas pueden constituir diversos delitos:
Violencia contra servidor público (Artículo 429): Agredir a un agente de tránsito por razón de sus funciones —ya sea mediante empujones, golpes o cualquier forma de agresión física— puede acarrear penas privativas de la libertad que varían según la gravedad del hecho.

Lesiones personales (Artículo 111): Si el ataque produce daño corporal, incapacidad o afectaciones físicas, puede configurarse el delito de lesiones personales, con penas que aumentan en proporción al daño causado.

Resistencia o desobediencia a la autoridad (Artículo 556): En los casos donde la conducta no incluye violencia física, pero implica irrespeto, desobediencia u obstrucción, pueden aplicarse sanciones de multa o detención menor.

Es importante recordar que, para que se configure el delito de violencia contra servidor público, la conducta debe estar dirigida a obstaculizar, intimidar o agredir al funcionario en el ejercicio de sus funciones. La intención y las pruebas son determinantes en los procesos penales.

La administración municipal hace un llamado a la ciudadanía y, en especial a los conductores, a evitar este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de los servidores públicos que solo buscan hacer cumplir la ley.